Inicia la Búsqueda de Candidatos para la Acción Colectiva López- Venegas
¿Fue usted coaccionado por oficiales de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de aceptar su salida voluntaria a México y no se le explico que usted tenía derecho a ver un juez de inmigración para pelear su caso? Si este es su caso, usted podría tener la habilidad de buscar un alivio migratorio al cual usted tenía derecho.
López-Venegas v. Johnson es una acción colectiva a nombre de cientos de nacionales Mexicanos los cuales eran elegibles para residir legalmente en los Estados Unidos, sin embargo fueron mal informados, engañados o amenazados de firmar su propia orden para ser expulsado del país mediante el mal uso del proceso conocido como “salida voluntaria” por oficiales y agencias migratorias operando al Sur de California. La demanda también fue interpuesta en nombre de distintas organizaciones las cuales han tenido que desviar su misión y gastar en recursos para responder a las prácticas del gobierno en torno a las salidas voluntarias. Como se administra y practica en el sur de California, el programa de “salida voluntaria” ha sido en muchas ocasiones la causante del desarraigo de cientos de residentes y familias las cuales han establecido sus raíces en los Estados Unidos.
En Agosto del año pasado, La American Civil Liberties Union y Cooley LLP anunciaron un acuerdo en el litigio de acción colectiva. Reformas y cambios significativos al proceso de “salida voluntaria” entraron en efecto inmediatamente, incluyendo un revisión exhaustiva a la información brindada por oficiales de migración a las personas que tengan que decidir entre una salida voluntaria y una audiencia con un juez de migración. El acuerdo también incluye disposiciones de clase, las cuales de ser aprobadas por la corte, permitiría a ciertos nacionales Mexicanos los cuales han sido expulsados del Sur de California debido a un proceso de salida voluntaria defectuoso en los últimos años el poder buscar reunirse con sus familiares en los Estados Unidos.
El acuerdo se refiere a una demanda interpuesta en Junio del 2013 en la cual nueve nacionales Mexicanos y tres organizaciones que trabajan con migrantes impugnaron tácticas engañosas usadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza, así como de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para convencerlos de firmar sus propias órdenes para ser expulsados. Todos estos demandantes hubiesen tenido un caso lo suficientemente fuerte para permanecer en los Estados Unidos si hubiese peleado su caso con un juez de migración en lugar de firmar su salida voluntaria en base a presiones.
Esta acción colectiva fue interpuesta por la Fundación ACLU de San Diego y el
Condado Imperial, La Fundación ACLU del Sur de California, El Proyecto ACLU de Derechos del Inmigrante, y Cooley LLP en medio de los antes mencionados demandantes, ninguno de los cuales tiene algún antecedente violento o criminal y muchos de los cuales fueron abordados por oficiales de migración mientras hacían su rutina diaria, tales como esperar en la parada de autobús. Todos estos individuos tienen familiares cercanos en los Estados Unidos y pudieron obtener algún beneficio en contra de ser removidos mediante un juez de migración o programas del Departamento de Seguridad Nacional, pero oficiales de migración les afirmaron con muy poca exactitud las consecuencias de la salida voluntaria y los presionaron a firmar su propio documento de expulsión.
Con la aprobación final de la acción colectiva, los miembros que cumplan con el criterio de la acción- nacionales Mexicanos que firmaron una salida voluntaria administrativa entre el 1ero de Junio del 2009 y el 18 de Agosto del 2014 en el sector de la Patrulla Fronteriza de San Diego y en la oficinas de ICE de San Diego y Los Ángeles, ahora califican para ciertos beneficios- y podrán aplicar para ser miembros de esta acción colectiva y buscar regresar a sus familias.
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